Procedimiento de infracción contra España por las tasas de AENA

Procedimiento de infracción contra España por las tasas de AENA

La Comisión Europea ha lanzado un procedimiento de infracción contra España por la subida de las tasas que deben pagar las compañías aéreas en los aeropuertos explotados por AENA, y en particular en los de Madrid y Barcelona, y que entró en vigor en julio de 2012.

Este procedimiento se centra especialmente en las subidas de tasas en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. En una carta de emplazamiento (primera fase del procedimiento de infracción), Bruselas ha pedido explicaciones al Gobierno sobre las causas de estos incrementos, con el fin de examinar si están justificados, por los costes que tienen los aeropuertos.

Es una pena que desde Bruselas hayan pasado por alto la subida del coste de las operaciones aeroportuarias que repercutieron en la Aviación General y Deportiva en 2011 (aunque en el 2012 han bajado en la mayoría de los aeropuertos) llegó en algunos aeropuertos de la red de AENA a superar el mil por cien a las anteriores.

El expediente contra España responde a varias denuncias de compañías aéreas y asociaciones que representan al sector de los viajes y de la aviación comercial, que alegan que la subida no respeta las normas de la Unión Europea.

El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para responder a las preguntas del Ejecutivo comunitario. Si no le convencen las explicaciones de las autoridades españolas, la Comisión podría pedir cambios en las tasas aeroportuarias e incluso llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Como han publicado los medios de comunicación, las compañías aéreas aseguran que no fueron adecuadamente consultadas sobre las modificaciones de las tasas aeroportuarias. Aunque los cambios han supuesto incrementos modestos en algunos aeropuertos pequeños, las tasas por pasajero en Barajas y El Prat casi se han duplicado.

La directiva europea sobre tasas, adoptada en el año 2009, establece unos requisitos mínimos para su cálculo y exige la consulta previa entre aeropuertos y compañías, antes de cualquier cambio. También obliga a los aeropuertos a proporcionar información suficiente sobre los costes para los usuarios de los aeropuertos y entre estos el sector de la aviación no comercial, la aviación general, nuestro sector.



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